El lunes 3/8/2020 en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la cámara, nuestro Director Ejecutivo Matías Vallejos fue el encargado de representarnos, dar a conocer nuestro trabajo y el panorama de desamparo y abandono por parte del Estado en que se encuentran las víctimas de trauma ocular. A continuación, puedes encontrar la intervención completa:
En primer lugar, quisiera agradecer por la invitación y la posibilidad de exponer frente a esta comisión.
Así mismo quisiera saludar a todas y todos quienes componen y escuchan esta sesión por su intermedio presidenta Nuyado.
Para empezar, y aunque no es motivo de nuestra participación en esta sesión quisiera expresar toda nuestra solidaridad como organización al pueblo nación mapuche frente a los hechos de racismo y discriminación que están proliferando en la zona del wallmapu.
Los Ojos de Chile es una iniciativa ciudadana sin fines de lucro que tiene como misión acompañar a agredidos/as con resultado de trauma ocular post 18 de octubre 2019 y a su entorno familiar, facilitando su rehabilitación psicosocial, económica y física, a través de contención psicológica, ayuda económica, tratamiento médico, apoyo laboral y orientación jurídica durante todo su proceso rehabilitador.
Buscamos generar una comunidad de socorro mutuo, para la reinserción laboral y social de las y los sobrevivientes de trauma ocular por violencia estatal, a través de la promoción de la participación del sobreviviente en su propio proceso rehabilitatorio y de su comunidad. Junto con trabajar por el reconocimiento, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para la protección, promoción, respeto y garantía de los DDHH en general.
Para ejemplificar la situación general de las y los sobrevivientes de violencia estatal con resultado de trauma ocular, quisiera exponerles a modo de comparación, una publicación de 2017 en la revista médica bi em jey oupen. En donde se analizan más de 3.000 documentos con datos estadísticos sobre las consecuencias de los conocidos técnicamente como «proyectiles de impacto cinético», entre los cuales se cuentan los balines, perdigones y bombas lacrimógenas que usa carabineros, y en el cual se analizan algunas de las zonas más conflictivas del mundo entre 1990 y 2017 en las cuales se encuentran Israel, Palestina, Irlanda del Norte y el sur de Asia. En resumen, el estudio arroja una cifra total de 261 lesiones oculares.
Esto quiere decir que en Chile en solo 5 meses la cifra de traumas oculares por violencia estatal en donde el uso de armamento menos letal es la norma, llega a lo menos a 460 personas hasta el 19 de marzo de 2020 según el INDH. Es decir, Chile concentra un 176% más con respecto a la cifra recopiladas por el estudio a lo largo de 27 años y que incluye algunas de las zonas más conflictivas del mundo.
Frente a esta contundente información, permítanme hacer una suposición. Consideremos por un momento que la abultada cifra de traumas oculares producto de violencia estatal en Chile no responden a hechos y acciones aisladas, sino más bien a una respuesta generalizada frente a la manifestación social desde el 18 de octubre en adelante.
Si esto fuera así, estaríamos frente a una respuesta que busca mortificar y castigar la manifestación social con el fin de disuadir a la población de participar en manifestaciones sociales.
Según el Informe de la Fiscalía Nacional respecto a las cifras de violencia institucional: Desde el 18 de octubre del 2019 al 31 de marzo de 2020, entre las casi 9.000 denuncias, se encuentran 411 con respecto a lesiones oculares.
Entre las cuales se encuentran el caso de Gustavo Gatica, quien el 8 de noviembre fue impactado por proyectiles en ambos ojos en las cercanías de la Plaza Dignidad. Como también el caso de Fabiola Campillay que el día 26 de noviembre recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro. Con resultado de pérdida de visión total de ambos ojos, dejando secuelas funcionales permanentes y la destrucción total de su tabique nasal y parte considerable de su rostro. Por este hecho el INDH interpuso una querella por homicidio frustrado en contra de Carabineros.
Para ejemplificar y mostrar otros casos, leeré a continuación algunos relatos:
El primer relato, fue recogido por el informe de la Defensoría Jurídica de la UChile, respecto a una denuncia ante fiscalía: “Una joven, mujer de 25 años, el 19 de octubre se unió a un grupo de vecinos que se manifestaban pacíficamente con cacerolas. Pasadas las 22:00 horas -cuando recién había comenzado el toque de queda-, un vehículo de Carabineros de Chile se detuvo cerca y dos efectivos policiales bajaron del vehículo. Sin provocación por parte de los manifestantes, uno de ellos lanza proyectiles con una escopeta antidisturbios por lo que los manifestantes corrieron a refugiarse, pero los disparos continuaron. La víctima también corrió, al escuchar gritos giró su cabeza y ve al funcionario público apuntándole. Sintió un disparo y el impacto en su ojo derecho. Cayó al suelo y escuchó más disparos. Dos mujeres la tomaron de los brazos, la ayudaron a incorporarse y la condujeron a una casa desde donde pudo llamar a sus padres. En la clínica donde es atendida le informaron que recibió un perdigón de centro metálico recubierto en goma, que impactó en el globo ocular y se alojó en el párpado, que no había explosión ocular, pero que sus estructuras no se encontraban funcionales.”
El segundo relato, fue recogido por el medio Interferencia, en el reportaje “reportar tu propio trauma”, que da cuenta de lo siguiente: “Íbamos cruzando por Parque Bustamante, donde estaba el Gope de Carabineros disparando a mansalva. Diego se cayó y yo lo intenté parar, pero la policía nos disparó a ambos, a él en el ojo y a mí muy cerca, en la cara. Los disparos fueron directamente a la cara, lo hicieron con la intención de herirnos”.
Consideramos que los relatos expuestos, responden a acciones y conductas generalizadas frente a la protesta social y constituyen una irresponsabilidad, no sólo de quienes utilizan las armas antidisturbios, sino de todas las autoridades que han permitido y fomentan el uso de este tipo de armamento. Lo sucedido con las víctimas de trauma ocular, es mutilación a manos de la institucionalidad chilena que les provocó un daño a la vista, en algunos casos irreversible e irreparable a más de 400 personas.
Cómo LODC consideramos que aunque las secuelas y efectos físicos se viven de forma individual, la consecuencias psicológicas, sociales y laborales derivadas de estos hechos son sufridas en familia y como comunidad. Es por esto, que muchas familias se encuentran con secuelas psicológicas altamente complejas, situación que se ha tornado aún más difícil producto de la actual pandemia. Situación que se ha intensificado por el abandono e interrupción de su contención y tratamiento por parte del Estado.
Esta situación se repite en todos los relatos a los cuales hemos tenido acceso, como también las ganas de salir adelante pese a la adversidad que están viviendo, sin ningún ánimo de revanchismo frente al Estado. Los sentimientos y emociones que acompañan esta experiencia traen consigo desamparo e impotencia hacia las víctimas y sus familiares.
Frente a este preocupante diagnóstico, como LODC queremos proponer acciones concretas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestro país.
En primer lugar, instamos al INDH a retomar la periodicidad de sus reportes de estadística descontinuados el 19 de marzo del 2020. Para dar cuenta de forma actualizada de la situación en materia de DDHH en Chile y con esto promover la observancia ciudadana hacia el actuar de las fuerzas de orden y seguridad, ya que estos reportes se basan en constataciones en manifestaciones, centros de salud y comisarías. Además, sabemos de casos nuevos de traumas oculares por violencia estatal que no están contemplados en dichos informes, ya que son recientes.
Por otra parte, solicitamos revertir la disminución presupuestaria al ya famélico sistema de DDHH que tenemos en Chile. Destinado por ejemplo al INDH que tiene como tareas tradicionales la promoción, protección y desarrollo institucional, y que encabeza la búsqueda de verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías para la no repetición.
En segundo lugar, instamos a toda la clase política, por su intermedio presidenta, a desarrollar una estrategia coherente para asegurar y garantizar la paz social, sobre todo en la consideración del 1er aniversario del 18 de octubre y su cercanía con el plebiscito de entrada del proceso constituyente.
Consideramos que los proyectos de leyes presentados por el gobierno, tales como: El PDL que otorga a las FFAA un rol de orden público y seguridad interna con la excusa del resguardo de la “infraestructura crítica”; el PDL que fortalece el estatuto legal de las policías, el cual los exime de algunas responsabilidades penales por los actos de represión y uso de la fuerza, endurece las penas de quienes atenten contra funcionarios de carabineros, la PDI y gendarmería; el PDL que reforma el sistema nacional de inteligencia y permite el uso político de sus labores.
Junto con los decretos que regulan las actuaciones de las FFAA en los estados de excepción constitucional; las actualizaciones de los protocolos de uso de escopeta antidisturbios, entre muchas otras medidas adoptadas y programadas por el ejecutivo, no cumplen con el propósito de disminuir la intensidad, recurrencia y ocurrencia de hechos de violencia en general y violaciones a los DDHH en particular.
A modo de contra propuesta como LODC lo siguiente:
En primer lugar, el reconocimiento de los hechos y la participación de agentes del Estado en violaciones de los DDHH en el marco del Estallido Social del año pasado. Desde LODC estamos en total convencimiento de que cualquier genuino y honesto acto o arco de reparación hacia las víctimas de violencia institucional, debe iniciar con un reconocimiento de los hechos y la participación de los agentes del Estado en ellos. Lo que se traduce en la búsqueda de responsabilidades políticas, administrativas, de mando y materiales por los hechos en cuestión. Sin esto, cualquier acto en materia de reparación hacia las y los sobrevivientes carece de contexto y coherencia, y dificulta el avance en materia de memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Es por esto que solicitamos la instauración de un registro sistemático e intencionado hacia el establecimiento de una comisión de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
En segundo lugar, la Suspensión inmediata y Prohibición total del uso de 3 armamentos menos letales:
- Las escopetas antidisturbios de perdigones y balines
- Las escopetas lanzagranadas M79 de bombas lacrimógenas
Ambos armamento son protagonistas en cientos de investigaciones por parte de fiscalía y en el caso de la segunda, de la condena durante la semana pasada por homicidio frustrado a un carabinero que disparó por la espalda, a la cabeza y a menos de 9 metros de distancia a un civil desarmado en Rancagua.
Así como también la prohibición del uso de altavoz de alerta de alta frecuencia, armamento que no discriminará nunca entre manifestantes pacíficos, no pacíficos, residentes, transeúntes, NNA, adultos mayores y otros grupos de especial protección.
En tercer lugar, instamos a la designación de un grupo de fiscales que investiguen y dirijan con exclusividad las casi 9.000 denuncias de violencia institucional que reporta la propia fiscalía. Solicitamos que el poder judicial tenga un gesto contundente hacia las investigaciones de estos hechos y demuestre su compromiso en contra de la impunidad y a favor de la búsqueda de verdad, justicia y garantías de no repetición para las y los sobrevivientes.
En cuarto lugar, instamos a la incorporación de organizaciones de la sociedad civil en todo el proceso de reforma a Carabineros. La sociedad civil y sus organizaciones son los únicos actores que pueden entregar su experiencia como receptor del servicio público de orden y seguridad. Además de garantizar con su participación, la observancia civil y ciudadana. La que ha faltado en el desarrollo institucional de todas las organizaciones que componen el sistema de protección civil y que en el caso particular de Carabineros, ha derivado en una falta de control en el actuar policial y de gasto de la institución. Hechos que han salido a la luz a través de recurrentes escándalos como el mega fraude de carabineros, el caso Huracán, el caso Catrillanca y los hechos acontecidos desde el 18 de octubre.
Todo esto, ha ahondado en que la institución en cuestión esté sumida en una triple crisis profunda y casi terminal, de legitimidad, eficiencia y control.
En quinto lugar, la instauración de un sistema de reparación integral para víctimas de violencia estatal desde la vuelta a la democracia. Actualmente, y como la pandemia ha dejado aún más en manifiesto, las víctimas de violencia estatal se encuentran en el completo desamparo y desprotección. No se cuenta con un programa, institución o lugar al cual puedan acudir de forma ordenada y centralizada, que les pueda brindar la orientación que requieren para satisfacer sus múltiples necesidades, lo que profundiza y redunda en el desconocimiento de su condición de víctima. Los programas y acciones estatales en materia de reparación son escasos, particulares, confusos, y se encuentran desperdigados por todo su aparato, sin coordinación y coherencia alguna.
En último lugar, por mucha justificada desconfianza que haya levantado Carabineros con su particular actuar, no debemos permitir que esto escale hasta hacer tambalear el consenso de que es necesario contar con un cuerpo encargado de protegernos y garantizar la seguridad pública. Este debe contar con legitimidad y reglas necesarias para un adecuado uso de la fuerza. Salvaguardando así el principio civilizatorio por sobre cualquier institución o persona particular.
Por lo que le solicitamos a toda la clase política, por su intermedio presidenta, dotarnos de una normativa con rango legal que permita, regule y sancione el uso de la fuerza en Chile. Y que esta se de mediante un amplio y enriquecedor diálogo prelegislativo con todos los sectores de la sociedad chilena y así otorgarnos a nosotros mismos, una ley en la materia que considere diversas perspectivas, los estándares internacionales y sobre todo la posición de la sociedad civil.
Como los LODC, tenemos la genuina preocupación de que seguir avanzando con incertidumbre e inocencia al 1er aniversario del 18 de octubre es una mala idea, de la cual nos arrepentiremos como sociedad, ya que no existen garantías ni condiciones para la no repetición de los hechos que tanto lamentamos. No podemos tener más casos de ataques perpetrados por quienes juraron defendernos, no podemos tener más víctimas de trauma ocular por violencia estatal.
Muchisimas gracias.